Devolver la botella de plástico o la lata de refresco y recuperar el depósito pagado por su compra, prohibido fumar en las playas y el adiós definitivo al amianto en 2028 son algunas novedades de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular aprobadas este jueves por el Pleno del Congreso de los Diputados, que envía el texto al Senado para que continúe con su tramitación parlamentaria.

El Consejo de Ministros aprobó la norma el pasado 18 de mayo y la remitió al Congreso, que inició su recorrido parlamentario con 742 enmiendas (una a la totalidad, presentada por Vox y rechazada el pasado 24 de junio, y 741 parciales).

Se trata de una de las normas del Gobierno más enmendadas de la legislatura, junto con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que recibió 757 enmiendas en su primer paso por el Congreso.

El texto del Ejecutivo transpone dos directivas europeas (sobre residuos y plásticos de un solo uso) y crea dos impuestos 'verdes': uno indirecto de 0,45 euros por kilogramo sobre los envases de plástico de un solo uso y otro de depósito en vertedero. Esas figuras impositivas se aplicarán desde 2023, gracias a una enmienda del PP aceptada en el Congreso.

La norma incluye objetivos que afectarán a la vida cotidiana, pues bares y restaurantes estarán obligados a dar agua de grifo gratis a los clientes que la pidan, se prohibirá la venta de artículos de plástico de un solo uso (como platos, cubiertos y pajitas) a la entrada en vigor de la ley, y los comerciantes cobrarán por vasos y envases de plástico de comida rápida a partir de 2023.

El Gobierno llegó a vetar 46 enmiendas económicas de la oposición por considerar que afectaban a la capacidad recaudatoria del Estado con esas nuevas figuras impositivas, pero finalmente retiró ese veto.

La fase de ponencia en el Congreso concluyó con la aceptación de 49 enmiendas transaccionales pactadas entre varios grupos parlamentarios y de 47 enmiendas parciales. La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico aprobó la semana pasada sólo algunas enmiendas transaccionales y el informe de la ponencia (con 20 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones).

Este jueves, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico con 182 votos a favor (entre ellos, los del PSOE, Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea, PNV, Ciudadanos, Más País-Equo y Teruel Existe), 70 en contra (Vox, Esquerra Republicana, PDeCAT y CUP) y 88 abstenciones (PP y BNG).

Una de las novedades es que se establecen más objetivos de recogida separada de botellas de plástico para su reciclaje: el 70% en peso respecto a lo introducido en el mercado en 2023, el 77% en 2025, el 85% en 2027 y el 90% en 2029.

Si no se cumplen los objetivos nacionales para 2023 o 2027, en el plazo de dos años se implantará en toda España un sistema de depósito, devolución y retorno de botellas de plástico y otros envases. Así, el productor cobrará a sus clientes una cantidad por cada envase, incluso en la venta a distancia o por máquinas expendedoras. Los consumidores tendrán derecho a recuperar el depósito que dejen una vez que devuelvan la botella o la lata a la tienda y los vendedores deberán informar a los consumidores sobre cuánto cobrarán por depósito del envase.

Este sistema ya se aplica en 10 países europeos (Alemania, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Lituania, Noruega, Países Bajos y Suecia) y en un plazo de tres años llegará a Bielorrusia, Eslovaquia, Grecia, Inglaterra, Irlanda, Letonia, Malta, Portugal, Rumanía y Turquía.

Además, la ley indica que, como muy tarde el 1 de enero de 2023, los comercios minoristas de alimentación con al menos 400 metros cuadrados de superficie deberán destinar como mínimo un 20% de su zona de venta a productos sin embalaje primario, es decir, a la venta a granel o con envases reutilizables.

Los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos, bebidas y alimentos cocinados deberán aceptar que los consumidores lleven bolsas, táperes o botellas debidamente higienizados, si bien los comerciantes podrán rechazarlos si los consideran sucios o no adecuados.

Por otro lado, a partir de la entrada en vigor de la norma se prohíbe fumar en las playas, lo cual será sancionado con una multa de hasta 2.000 euros.

Los ayuntamientos tendrán que elaborar un censo de instalaciones con amianto en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma y tendrán que elaborar un calendario de retirada. Los lugares públicos con mayor riesgo para la población por contener amianto deberán estar gestionados antes de 2028.

Además, los residuos de medicamentos deberán ser entregados y recogidos en los mismos lugares donde sean comprados y las personas propietarias de fincas tendrán que declarar si han realizado alguna actividad potencialmente contaminante del suelo cuando transmitan esa propiedad.

La portavoz del PSOE, Esther Padilla, comentó en la tribuna de oradores del Congreso que la ley será “la piedra angular de un ambicioso proceso de revisión de la normativa de residuos” y aseguró que carece de “vocación recaudatoria” pese a crear dos nuevos impuestos. “Cuanto menos se recaude, mejor porque significará que las empresas o entidades afectadas están cumpliendo con su objetivo de contribuir a reducir los residuos y mejorar su gestión”, apuntó.

César Sánchez, del PP, indicó que la norma “penaliza” al sector industrial español y tiene “un claro afán recaudatorio” con dos nuevos impuestos, lo que generará “un impacto negativo sobre más de un millón de empresas”. “Es una ley innecesaria, que llega tarde, que llega mal y que es insuficiente”, resumió.

Luis Gestoso, de Vox, comentó que la norma debería denominarse “proyecto de ley para el negocio de los residuos”, pues perjudica a “las grandes empresas, los autónomos y los consumidores, traerá más trabas burocráticas y más impuestos”, y dejó caer como caso de “corrupción” que “la empresa que explota el negocio de los padres del presidente del Gobierno desde que llegó al Palacio de la Moncloa, Industrias Plásticas Playbol, recibió más de 700.000 euros en ayudas públicas en tan sólo 15 meses”.

“Ya está bien de manipulaciones y de mentiras”, respondió Juantxo López de Uralde, de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea, que apuntó que la ley transpone dos directivas europeas y “no responde, por lo tanto, a ningún chiringuito”, al tiempo que “los vertederos se siguen saturando”, son una “constante” los incendios en plantas de reciclaje y conviene abordar las exportaciones de residuos a otros países.

Además de Vox, tres partidos catalanes (Esquerra Republicana, PDeCAT y CUP) votaron en contra por considerar que el impuesto de depósito en vertedero colisiona con el canon al vertido que Cataluña lleva recaudando desde hace más de 17 años.

El más beligerante en sus explicaciones fue Francesc Xavier Eritja, de Esquerra Republicana, que reclamó que el impuesto de depósito en vertedero no se aplique en las comunidades autónomas que ya tienen una herramienta fiscal al respecto. “Supone un precedente a la creación de nuevos impuestos que acaben eliminando otras figuras tributarias autonómicas. Es un precedente peligrosísimo para lo que es el marco competencial de las comunidades autónomas”, dijo.